LA CRISIS FINANCIERA LOCAL

sebastian

La situación económica actual es muy grave en nuestro País. Y para salir de ella los principios capitalistas y neoliberales han impuesto sus mandamientos a gobernantes y políticos/as para mantener los grandes privilegios de una minoría (bancos, grandes fortunas, empresas multinacionales: los mercados), reduciendo drásticamente el bienestar de una importante mayoría.

En el camino hasta llegar a esta difícil situación han aflorado las grandes perversiones del sistema capitalista, sus grandes contradicciones y sus desmanes, en forma de especulación usurera, dejando a su paso grandes daños colaterales, como una sangría incesante de parados y paradas, miles de pequeñas y medianas empresas destruidas, muchas familias hipotecadas sin vivienda y un importante número de personas con problemas para llegar a fin de mes.
Pero con diferencia, una institución que ha quedado tocada de muerte económica y ahogamiento financiero, es la Administración Local. Así una parte importante de los Ayuntamientos viven pendientes de un hilo con la única - o casi única - preocupación de pagar la nómina a fin de mes. Lo peor es que, a medio o corto plazo, no hay en el horizonte otra expectativa de sobrevivir que la de prestar los servicios mínimos imprescindibles a sus convecinos/as, a cambio de no pagar casi nada a los sufridos proveedores.

La realidad hubiera sido muy diferente si, desde los grandes partidos y sus representantes en el Gobierno del Estado y en las diferentes Comunidades Autónomas, se hubiera llegado a un acuerdo global para que los Ayuntamientos tuvieran una financiación adecuada a la prestación de servicios que sostienen. Un acuerdo en el que el reparto de los tributos se distribuiría por igual entre las tres administraciones, central, autonómica y local, algo que ya se da en países de nuestro contexto. Sin embargo, el temor de una pérdida de poder económico en los/as dirigentes de la Administración Central y de las autonómicas, han dado al traste con la solución adecuada, cambiando los principios de descentralización y de autonomía local – tan cacareados en contiendas electorales - por un férreo control económico desde las administraciones de mayor ámbito hacia la local y un raquítico reparto en la distribución de los recursos económicos para los Ayuntamientos.

Por tanto en el horizonte dos únicas soluciones a la que están acudiendo los diferentes ayuntamientos:

UNA. Una financiación extraordinaria, como la concesión a empresas privadas de la gestión del agua, el invento de un impuesto novedoso y milagroso - como el de la Línea -, acudir al endeudamiento directo los que puedan, o al indirecto a través de mancomunidades.

DOS. La racionalización del gasto, en versión de graves reducciones de plantilla, y/o disminución radical del gasto en servicios y en aspectos como la cultura, las fiestas y los servicios sociales.

Como se ve dos soluciones complejas y duras de aplicar, tanto las destinadas al aumento de ingresos, como las dedicadas a la reducción de los gastos.

Las del aumento de la financiación acudiendo al crédito generan una carga financiera a largo plazo que habrá que pagar más adelante con intereses, hipotecando el futuro económico de las siguientes corporaciones; las de nuevos tributos indirectos, o al consumo, desalientan y reducen la capacidad de compra de los ciudadanos/as, desactivando la inversión; y la cesión de servicios públicos a empresas privadas, disminuye claramente la capacidad competencial de la Admón. Local cediendo a la iniciativa privada la gestión de un bien fundamental para los ciudadanos/as.

Pero más compleja es la racionalización del gasto. Ahora bien, la reducción del gasto es obligada, sobre todo en cuestiones evitables e innecesarias. Así debe suprimirse cuestiones como las inauguraciones con copa y aperitivo incluido; es obligado renunciar al alquiler de palacios para oficinas; debe reducirse el gasto en las fiestas locales – aunque no eliminarlas; debe evitarse el gasto de publicidad institucional; debiera extinguirse la contratación de personal innecesario, con intenciones partidistas, electoralistas o clientelares; se debería aplicar las subvenciones a financiar el gasto de trabajadores de la casa, cuando esas subvenciones lo permitan legalmente; no se deberían asumir subvenciones finalistas que no aborden el gasto en su práctica totalidad; o bien se debe dejar de asumir competencias que no son propias. En fin, un largo etcétera de medidas que por muy bien que se haga, no sanearían por sí solas las finanzas locales.

Aunque en materia de personal las cosas, si cabe, son aún más difíciles. Y en este capítulo hay que comprender la apuesta de muchos gobernantes locales por mantener la dimensión de las plantillas, aún condicionados, mes a mes, a la espada de Damocles de pagar la nómina a sus empleados/as puntualmente, sin tener que disminuir radicalmente la prestación de servicios a sus convecinos/as.

Una labor muy poco reconocida externamente, a pesar de la grandes contradicciones e inquietud que genera, entre los distintos colectivos implicados o afectados. Por un lado porque el retraso en el pago del sueldo genera gravámenes y temor a los/as empleados/as públicos, pero la ciudadanía necesita que se le presten unos servicios mínimos de calidad, que son los que dan sentido al papel de los Ayuntamientos. Por otro lado, porque para los agentes financieros y las autoridades económicas la reducción de las plantillas es positiva para considerar sanas las finanzas locales y, en virtud de ello, permitir el crédito y la inversión; pero la reducción de las plantillas supone agravar la ya difícil situación del empleo y traslada a muchas familias a una dura realidad económica.

Por ello, se ha de mantener un difícil equilibrio en la gestión municipal, que intente conciliar la prestación de servicios a los vecinos/as, con un mantenimiento de las plantillas, en un entorno financiero pírrico. Así que en estos momentos tan complejos, yo pediría reconocimiento y comprensión de la ciudadanía y de los empleados/as públicos/as locales, a la labor de compromiso con el mantenimiento de las plantillas que algunos Ayuntamientos sostienen, a pesar de las graves dificultares que ello le conlleve.

Como se decía al principio la situación es bastante dura y compleja, debiéndose volver a generar un intenso debate nacional sobre la financiación local, que aporte soluciones seguras y duraderas basadas en una distribución racional de los recursos entre las tres administraciones establecidas. Pero me temo que PSOE y PP, maestros ortodoxos de las reglas capitalistas, no están dispuestos a ceder ni un ápice de su poder centralista a las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Parecen empeñados en dinamitar la autonomía local de los ayuntamientos, mandando a la quiebra a muchos de ellos, incluso a los que ellos mismos gobiernan.

El endeudamiento actual de las administraciones locales, la falta de pago que mantienen con los proveedores, el retraso en el pago de las nóminas, y la imposibilidad de acudir al crédito, están convirtiendo la realidad local en un coctel explosivo que puede estallarnos en breve, en nuestras propias manos, destrozando plantillas, quebrando empresas y dinamitando la democracia real.

POR UNA FINANCIACIÓN LOCAL JUSTA.

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